Gustavo Mares
La Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros (UMPB) continúa en el ‘ojo del huracán’ porque no ha atendido la orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el sentido de reinstalar en su puesto de trabajo al varilarguero Luis Miguel González con quien sostiene una controversia legal por presunto desvío de recursos, cuando González se encontraba al frente de la agrupación.
Las autoridades competentes determinaron que: ‘… Se condena a la demandada Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros a restituir al actor Luis Miguel González Villagómez, en el goce de sus derechos sindicales, debiendo abstenerse de realizar actos discriminatorios en contra del actor, tendientes a impedirle el ejercicio de su libertad de trabajo como subalterno en cualquier centro de espectáculos, plaza de toros u otro similar independientemente de su afiliación gremial, reconociéndole el derecho humano al libre ejercicio de su derecho al trabajo, profesión y oficio, que siendo lícito realice’.
La representación legal del picador afectado ha hecho acto de presencia un par de ocasiones en las instalaciones de la UMPB para entregar la notificación correspondiente, sin embargo, no le han abierto la puerta, motivo por el cual las autoridades citaron a Juan Ramón Saldaña en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para confirmar que recibieron las notificaciones y que las pondrán en práctica, pero no se presentó, por lo que la asociación de subalternos se hizo acreedora a una multa económica.
CONTINÚA PROCESO
González Villagómez continuará con el proceso, por lo que tramita otro apercibimiento. En esta instancia, el juez en turno tiene la facultad de decidir si envía otro citatorio o manda directamente a la policía por el representante legal de la Unión para presentarlo ante las autoridades.
La controversia que enfrentan la UMPB y el picador Luis Miguel ha generado un par de demandas. El sindicato de subalternos lo hizo por la vía penal contra González Villagómez por un presunto desvío de los dineros de la agrupación. Inicialmente la querella era por seis millones de pesos, sin embargo, después cambiaron la cifra a un millón 200 mil pesos, pero no ha procedido porque no han presentado las pruebas que amparen sus dichos.
Del otro lado, el varilarguero los demandó por la vía laboral en busca de que le restituyan su fuente de empleo.
EL DATO
A través de la red circula un video que se grabó el pasado 16 febrero en la plaza El Nuevo Progreso de Guadalajara, donde Luis Miguel González realizaría labores de picador. En ese momento ya existía una resolución por parte del juez en materia laboral para que pudiera trabajar. Sin embargo, en el video aparece uno de los miembros del comité, acompañado por representantes de la UMPB, quien de forma categórica aseguró que si alguno de los miembros de la agrupación participaba al lado de González Villagómez se harían acreedores a sanciones de parte de la agrupación, situación que no se puede repetir independientemente de la filiación sindical de Luis Miguel, pues de hacerlo podría incurrirse en un acto de discriminación.
Aquel día, el varilarguero no actuó, aunque todos los involucrados tenían conocimiento de las resoluciones legales.
SILENCIO
Este reportero buscó contacto con el secretario general de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, Juan Ramón Saldaña, para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no atendió llamadas ni mensajes.
EL DATO
En junio de 2018, a través de un comunicado, la UMPB dio a conocer que: ‘La Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros informa, derivado de una auditoría contable, se ha presentado ante el agente del Ministerio Público, una denuncia en contra de los señores Luis Miguel González Villagómez y Juan Carlos Gómez Martínez, y de quienes resulten responsables, por el presunto delito de clasificación jurídica que le imponga dicha representación social, siendo de un presumible desvío de recursos económicos en agravio de nuestra unión, la cual se encuentra en etapa de investigación’.
‘Se informa que en la asamblea celebrada el día 19 de abril de 2017, se acordó, ante evidentes inconsistencias en la información financiera y contable de la Unión, fuese practicada una auditoría para conocer balances y el destino de los recursos de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros’.
