Gustavo Mares
El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a las leyes de Protección Animal, Ambiental para el Desarrollo Sustentable y el Código Penal, que prohíben las corridas de toros y las peleas de perros, sin embargo, se exime la celebración de las peleas de gallos, así como la charrería, siempre y cuando se ciñan a los reglamentos vigentes.
Llama la atención que la tauromaquia, que es una actividad legalmente establecida con reglamentos oficiales y que genera impuestos, sea equiparada con las peleas de perros que son eventos clandestinos fuera del marco de la ley.
Dentro de las reformas se excluyó dentro de los actos de crueldad animal la charrería y las peleas de gallos, ‘siempre y cuando se realicen en los términos de las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables en la materia’, señala el dictamen.
Las reformas al Código Penal establecen sanciones de seis meses a dos años de prisión a quienes con dolo cometan actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, silvestres o salvajes.
En el caso de que las lesiones pongan en peligro la vida de los animales, la pena se aumentará a tres años.
La modificación al Código Penal señala que dentro del maltrato animal se incluye la venta y explotación en la vía pública de animales vivos, y el abandono de éstos.
EL DATO
Aunque desde hace tiempo se dejaron de celebrar festejos en la Plaza Eduardo Funtanet de Mazatlán, Sinaloa, entre muchos otros factores por el elevado índice de inseguridad que priva en el estado que es dominado por el narcotráfico, es de llamar la atención que las autoridades se hayan decantado por pronunciarse en contra de las corridas de toros y equipararlas con las peleas de perros, ésta segunda, una actividad ilegal.
La tauromaquia es una actividad legalmente constituida, de hondas raíces culturales, que genera empleos y paga impuestos. Lo mismo que sucede con la charrería y las peleas de gallos, que fueron eximidos de las adecuaciones recién impuestas.
Quizá las autoridades sinaloenses estén incurriendo en discriminación al prohibir el desarrollo de la tauromaquia y permitir las peleas de gallos, así como la charrería.
Decisión de claros tintes electoreros y aunque la actividad taurina es nula en la región, sienta un precedente.